POLÍTICA

Cocaleros que bloquearon a Evo acabaron encarcelados


El fondo de la protesta tiene que ver con la erradicación de 1.500 hectáreas de cocales, no con la lucha política. Los campesinos fueron cautelados el sábado. Ayer el alcalde de La Asunta se reunió con Evo y logró proyectos por Bs 28 millones

El presidente tuvo problemas en la zona de erradicación de cocales de Sud Yungas
Escuchar el artículo Pausar Lectura

20/07/2018

Cuatro campesinos que bloqueaban la carretera a Sud Yungas reclamando contra la erradicación de coca excedentaria en La Asunta y que gritaban “Bolivia dijo No”, terminaron presos en las cárceles de San Pedro y Calahuma acusados de seis delitos, denunció ayer el dirigente Freddy Quispe, ejecutivo de la regional La Asunta. Los campesinos están acusados, entre otros delitos, de portación de explosivos, estorbar la función pública, asociación delictuosa y destrucción de bienes del Estado. EL DEBER trató de conocer la versión del Ministerio de Gobierno, pero las llamadas no fueron atendidas.

Según explicó el dirigente, La Asunta vive amedrentada por la erradicación forzosa de cocales y nunca le habían dado mucha importancia a la reivindicación del No, pero lo utilizaron para protestar en la última visita de Morales a Yungas. El bloqueo, que trató de impedir el paso de la caravana presidencial, tenía como fin protestar por la racionalización y usaba el No para irritar al oficialismo.

Según reportes oficiales, en La Asunta hay unas 1.500 hectáreas de coca excedentaria que deben ser racionalizadas. Eso provocó tensiones durante el primer semestre del año.  Según el Gobierno, en La Asunta existen más de 6.000 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 25% son excedentarios y es calificada como una de las “zonas rojas” del país.

El hecho

Evo Morales acudió el jueves de la semana pasada a la inauguración de una escuela en la población de La Asunta. Un día antes, la población había determinado no permitir el paso a la caravana e instaló un bloqueo en Puerto Rico. Hasta ese punto llegó un camión de Bolivia TV que debía transmitir el acto y, según el dirigente, fue impedido de pasar. La denuncia, aseguran los abogados defensores, dice que los periodistas fueron retenidos. La unidad móvil se volvió y llegó a La Asunta por otra ruta y, según el abogado Danner Quispe, que patrocinó el sábado a los detenidos, provocó una denuncia por secuestro contra los bloqueadores.

Los acusados son Juan Carlos C., Valerio A.C., Elmer C.M. y L. P. CH, que es menor de edad, y fue trasladado al penal de Calahuma. Los tres primeros están en el penal de San Pedro de La Paz y el abogado dijo que fueron acusados de seis delitos. En la audiencia cautelar, celebrada el sábado, se presentaron como parte los abogados del Ministerio de Gobierno y de Bolivia TV.

Según cuenta el abogado, sus defendidos fueron detenidos cuando se presentaron a la Policía como testigos de los hechos. Asegura que los cuatro cautelados no fueron detenidos con los explosivos, sino que estos fueron hallados por la Policía en el punto de bloqueo. Cuando los ahora aprehendidos se presentaron para declarar, les informaron que quedaban detenidos y fueron traslados a La Paz para su audiencia cautelar.

EL DEBER llamó a los ministros de Comunicación, Gisela López, y de Gobierno, Carlos Romero, para consultar sobre la acusación que presentaron contra los cuatro campesinos. No contestaron las llamadas.

Sin embargo, la entrega de la escuela en Yungas se hizo célebre en el país. Fue allí cuando el presidente Evo Morales convocó a los dirigentes de la región a sacar a los activistas “a chutazos” de las distintas poblaciones y de sus actividades.

El miércoles, las  autoridades nacionales reivindicaron la vigencia de las libertades ciudadanas y aseguraron que las protestas están garantizadas en el país y descartaron cualquier tipo de represión. Sin embargo, Julio Alvarado, que fuera candidato a diputado por PDC y ahora es parte de las plataformas ciudadanas, consideró que se pone de manifiesto que el rechazo al Gobierno ha crecido tanto, que hasta los propios cocaleros protestan ahora contra el que consideraban su líder.  

Los regalos

Luego del episodio del miércoles y jueves de la semana pasada, ayer el Gobierno convocó al alcalde de La Asunta, Reynaldo Calcina, a una reunión en Palacio Quemado. Al término de ese encuentro, el burgomaestre yungueño informó de que logró proyectos para su región.

Según  su reporte, el presidente Morales aprobó la construcción de un hospital, un mercado central y un estadio en esa población de la provincia Sud Yungas de La Paz, con una inversión de más de 28 millones de Bolivianos.

A ese encuentro también acudieron representantes de organizaciones de La Asunta y detalló que solo el hospital demandará una inversión de Bs 14,7 millones; la edificación del mercado otros nueve millones y el estadio costará alrededor de Bs 5 millones.

Alcalde de Achacachi, contra activistas

El cuestionado alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, participó ayer de un acto público en el Palacio de Gobierno y aprovechó la ocasión para calificar de ‘vándalos’ a las plataformas ciudadanas que defienden el voto del referendo del 21 de febrero de 2016.

Son grupos de vándalos que no respetan el libre tránsito de otros ciudadanos, perjudican el normal desenvolvimiento de la sociedad, tendrían que reflexionar (...) pero como les digo son unos grupos de vándalos”, manifestó.

Ramos es acusado de corrupción por sus mismos vecinos, que se levantaron contra él durante el año pasado.

 El militante del MAS aseguró que “todo es permitido” en democracia, pero también se debe respetar los derechos de los ciudadanos que necesitan desenvolverse con total normalidad en sus actividades.

Ramos es un alcalde que desde hace varios meses gobierna su municipio desde fuera de la población de Achacachi, después de que organizaciones sociales de esta ciudad lo acusaron de corrupción y lo echaron mediante prolongadas medidas de presión. El último bloqueo de Achacachi contra Ramos se prolongó por meses y afectó a gran parte del altiplano. Su potencia fue tal que obligó al Gobierno a realizar el acto por el aniversario de las Fuerzas Armadas en un páramo cercano a la capital de Omasuyos. /ANF

Controversia

“Chutazos”
Producto de las manifestaciones en actos oficiales, el presidente Evo Morales pidió a su militancia sacar “a chutazos” a los que gritan por el No. Esto luego se convirtió en una amenaza de un jefe policial y obligó a Carlos Romero, ministro de Gobierno, a salir a ratificar la vigencia de la Constitución y el derecho a la protesta.

Escenario
El siguiente foco de conflicto para el Gobierno serán las celebraciones del grito libertario del 6 de agosto, a realizarse en Potosí, que se ha vuelto una plaza opositora a Evo Morales.

Presiones
Las plataformas opositoras esperan que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie sobre una posible candidatura de Evo.