BOLIVIA

Renunció a su cargo el presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz


La autoridad está siendo enjuiciada por el caso denunciado por Jacob Ostreicher. La determinación de dejar el Poder Judicial se da cuando la Defensoría del Pueblo busca procesos donde se vulneraron los derechos de los reclusos

Hace un par de semanas, en una entrevista con EL DEBER, habló de sobrecarga laboral y falta de jueces
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16/08/2018

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Zenón Rodríguez, comunicó a los vocales que conforman la Sala Plena del Poder Judicial cruceño que decidió dejar su cargo. La determinación fue anunciada en una reunión realizada ayer por la mañana y, de acuerdo con fuentes a las que tuvo acceso EL DEBER, la máxima autoridad de justicia del departamento señaló que los motivos para su dimisión son estrictamente personales.

Por la tarde, el encargado de comunicación del Palacio de Justicia, Jorge Aldunate, le confirmó a este medio la dimisión del presidente; sin embargo, no se pudo tomar contacto con la autoridad, que, según indicaron, estaba ocupada en algunas reuniones.

Rodríguez, iba a cumplir un año de funciones al frente de todos los administradores de justicia en septiembre, asumió las riendas de los jueces en reemplazo de Teresa Lourdes Ardaya, que fue candidata en las Elecciones Judiciales de 2017 y que ahora es responsable de la Secretaría de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña.

El aún titular judicial comunicó a los vocales cruceños que trabajará hasta el 30 de este mes, fecha en la cual se comprometió a hacer efectiva una rendición de cuentas por los 11 meses que estuvo al frente del Tribunal de Justicia.

Rodríguez, además, es uno de los enjuiciados en una causa que lleva adelante el Ministerio Público en contra de quienes son sindicados de haber cometido actos de corrupción, de haberse organizado para delinquir y haber utilizado indebidamente sus influencias como servidores públicos en un caso que fue denunciado por el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, prófugo de la justicia del país, donde es investigado por un caso de lavado de dinero y tráfico de drogas.

El juicio oral es llevado adelante por el Tribunal de Sentencia Cuarto en lo Penal, conformado por los jueces Marco Antonio Porras Velarde y Ubi Suárez.

Esta causa ya concluyó con la etapa de la testificación de los imputados, instancia procesal en la que Rodríguez se abstuvo a declarar.

Ahora se aguarda que en la primera semana de septiembre el juicio vuelva a reactivarse con audiencias en las que se comenzará a producir los testimonios de cargo en contra de los acusados, muchos de ellos exadministradores de justicia.

El contexto de su salida

Zenón Rodríguez deja la presidencia del Tribunal de Justicia cuando la Defensoría del Pueblo y otras instituciones han iniciado una ‘cacería’ de casos en los que se han vulnerado los derechos humanos de los privados de libertad de Palmasola, donde hay personas recluidas por más años de los que tienen en su sentencia, que están preventivamente detenidos más del tiempo establecido en la ley sin tener una condena o aquellos que pese a haber recibido penas menores, nunca se activaron en favor de ellos el perdón judicial o la suspensión provisional del proceso.

Rodrigo Pérez, responsable de la Dirección Nacional de Privados de Libertad de la Defensoría del Pueblo, indicó que desde el lunes han iniciado un trabajo en el penal de Palmasola para visibilizar los casos donde hay una vulneración judicial de los derechos humanos.

“Hay causas, como la de la señora Isabel Cuéllar Gutiérrez, donde se evidencia una franca vulneración a los derechos humanos”, explicó Pérez, refiriéndose a la privada de libertad que está presa sin sentencia desde hace casi seis años y que hace cuatro que espera el inicio de su juicio, que debía comenzar en 2014, pero por causas que aún esperan explicación no se llevó adelante.

A criterio de Pérez, los juzgados deberían revisar en sus despachos si existen causas demoradas u olvidadas, ya que no hacerlo puede generarles posibles acciones en su contra. Los juzgadores piden más personal y acusan recarga laboral.



 




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