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OPINIÓN



| 12/06/2018


... Cara a cara

La libre circulación en todo el territorio nacional es un derecho reconocido por la Carta Magna en su art. 21. Su violación es, en consecuencia, un delito que debe ser sancionado sin vueltas. Pero en nuestro desventurado país, el bloqueo de calles, carreteras y otros espacios públicos se ha convertido en un ‘deporte’ nacional practicado bajo cualquier motivo por diferentes sectores. Empezando la semana, el ‘turno’ fue de  transportistas y comerciantes que, durante varias horas y sin que nada ni nadie lo impidiera, bloquearon partes de la capital cruceña, con los trastornos que a mucha gente le avinagraron la jornada. Asumieron la abusiva medida pidiendo embusteramente ‘mil disculpas’ por los perjuicios ocasionados a los ciudadanos en su necesidad de trasladarse de un punto a otro de la ciudad. Con razón más que justificada, los impenitentes bloqueadores fueron blanco del repudio generalizado de los vecinos.

Un excelente trabajo periodístico de largo aliento realizado por la cadena internacional CNN desveló conexiones sospechosas y un cúmulo de irregularidades tras el accidente que segó la vida de 71 personas en  aquel fatídico vuelo de LaMia entre Santa Cruz de la Sierra y Medellín en noviembre de 2016. Sin embargo, quedan varios cabos sueltos. Entre otras cosas, ¿cómo se explica que en 2014, y tras la negativa de un exdirector de la DGAC luego destituido, LaMia obtuviera en Bolivia la certificación que antes le habían negado en otros países para sus operaciones? Cuando queda mucha tela que cortar sobre la terrible tragedia, no parece ser significativo el aporte de las autoridades bolivianas a una investigación que puede terminar comprometiendo la fe del Estado.

La irrefrenable violencia callejera se ha cobrado una nueva e inocente víctima. En un poco vigilado barrio de Montero, la segunda ciudad más importante de Santa Cruz, un joven fue asesinado por un delincuente que, con espantosa sangre fría, le disparó un tiro en la cabeza para quedarse con su celular. Esfuerzos  y acciones contra la inseguridad ciudadana parecen insuficientes frente a una criminalidad que se muestra creciente y brutal.








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