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OPINIÓN | 17/06/2019


Una nueva doctrina de seguridad nacional

Hace ocho meses quedaron cerradas las puertas para una solución ajustada al derecho internacional del litigio marítimo con Chile. Cuando la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia una solución al enclaustramiento en que la dejó la Guerra del Pacífico, el caso quedó cerrado. Por más que las autoridades busquen rendijas por las cuales volver a asomar el tema, lo cierto es que el caso se acabó. La creencia que el Gobierno estimula de que hay todavía chances para negociar, es irreal, por decir lo menos. Para comenzar, es obvio pensar que cualquier hipotética gestión no ocurrirá con las actuales autoridades nacionales. Si la hubiere, el empeño corresponderá a las próximas generaciones. El tema está todavía candente y luce inescapable para los debates cuando empiezan los primeros escarceos de la campaña para las elecciones de octubre.

Apoyado en la victoria de su país, el mandatario vecino ni siquiera ha respondido a la nota que le envió el presidente boliviano proponiendo reabrir las negociaciones respecto al que hasta el 1 de octubre del año pasado fue el tema magno de la política exterior boliviana. Ese argumento se apoya en el último párrafo de la declaración de la CIJ.

Hasta ahora no se conocen los detalles de ese fracaso histórico, pese a que a una porción importante de la población se le quiere hacer creer que todavía hay opciones válidas. Más bien, la ciudadanía siente la ausencia de un Libro Blanco, que detalle los pormenores de la gestión. Esta es una obligación pendiente que los responsables hasta ahora han esquivado, bajo la creencia de que es posible esconderla sine die bajo la alfombra.

Es proverbial el aserto de que las victorias tienen muchos progenitores y que las derrotas son huérfanas. Como dije en un comentario anterior, ahora el Gobierno tendrá que buscar cómo hablar con el vecino a través de la estrecha rendija que cree que dejó el fallo del 1 de octubre. Pero a contrapelo de ese propósito, el presidente Morales no llegó a concretar el anuncio de escribir una carta al secretario general de la ONU reclamando que el fallo de la Corte había ignorado algunas premisas del planteamiento boliviano.

El concepto al que ahora Bolivia se aferra y que el Gobierno cree que aún le da pie para reclamar, yace en las cinco líneas finales del dictamen, apenas como un punto seguido y ni siquiera como párrafo independiente. “El Tribunal añade que la conclusión (con la que fueron rechazados los argumentos bolivianos) no debe entenderse como un obstáculo para que las partes continúen su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para abordar los problemas relacionados con los países sin litoral, situación de Bolivia, solución a la que ambos han reconocido como una cuestión de mutuo interés”.

Pocos lo admiten en público, pero el desastre diplomático debería traer reformas profundas en nuestros preceptos de seguridad nacional. Para comenzar, el fallo de La Haya parece haber decretado el epitafio para la afirmación de que recuperar la heredad perdida es un derecho y un deber. ¿Cómo insistir oficialmente en eso? ¿Qué países nos apoyarían? ¿Cómo tratarán la cuestión los textos escolares? Estas preguntas surgieron tras conocerse el fallo de La Haya, pero aún no se las ha abordado a fondo. Apenas se ha insistido en la importancia de fortalecer el comercio boliviano a través de los puertos que llevan al Atlántico desde Perú. Esta fue una propuesta lanzada hace más de un siglo por un grupo de pensadores del oriente nacional y que apenas empieza a ganar vigor en medios académicos e institucionales del resto del país.

El planteamiento para reorientar nuestra brújula será costoso, y restañar nuestro propio desdén será lento, especialmente por el costo anímico incuantificable que ha representado en todo el país. En ese costo, las autoridades no parecen reparar.

 





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