OPINIÓN



| 11/02/2018


Y ahora, comandante, ¿a quiénes denunciará?

El 13 de noviembre pasado, el comandante nacional de la Policía, Abel de la Barra, dijo que estaba instruyendo al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, coronel Gonzalo Medina, “acciones legales contra personas que se dieron a la tarea de difamar y cuestionar el accionar policial” en el frustrado atraco a Eurochronos en la capital cruceña. El hecho ocurrió la mañana del 13 de julio del año pasado, a vista de un centenar de testigos ocasionales, muchos de los cuales no dudaron en filmar lo que veían. Entre otras violentas imágenes, las de varios cuerpos caídos tras el intenso tiroteo. Cinco de esos cuerpos caídos no volvieron a ponerse de pie nunca más.

¿Por qué el comandante decidió instruir, cuatro meses después de los hechos, esa acción legal contra supuestos difamadores de la labor policial esa mañana y en las semanas que corrieron luego del atraco frustrado? Porque ya no sabía cómo salir al paso de las críticas surgidas ante la caótica actuación de los policías durante el operativo y, más aún, ante las declaraciones oficiales sobre cómo ocurrieron los hechos.

Estas sí apresuradas y alejadas de la realidad mostrada prácticamente en vivo por algunos testigos ocasionales. ¿Quién no recuerda la conferencia de prensa brindada un par de horas después de cesar el tiroteo? La versión dada por el ministro de Gobierno no coincidió con lo visto en las redes sociales. El aspecto más criticado fue el caos evidenciado en la intervención de decenas de policías uniformados y de civil, disparando sin descanso y sin evitar víctimas inocentes, incluso decididos a disparar contra un par de atracadores que se habían rendido y rematando a otro que estaba herido y caído en el frontis de Eurochronos.

Las críticas aumentaron tras hacerse público el testimonio de otro gerente de la empresa, herido a quemarropa por un policía y sometido a un calvario antes de llegar a la clínica que le auxilió y salvó su vida. El remate fue negar que la bala que mató a una de las víctimas inocentes, Ana Lorena Torrez salió del arma de un policía y no así de las usadas por los atracadores.

La negación oficial persistió aun luego de conocer el primer informe pericial del Instituto de Investigación Forense del Ministerio Público, en el que quedó claro que el disparo que mató a Ana Lorena no correspondía a ninguna de las armas de los criminales. Y llegó cargada de adjetivos, difíciles de olvidar. Antes de la orden dada por De La Barra, el coronel Medina ya había tomado la delantera al acusar directamente a los dos abogados de la familia Tórrez Torrico de “apología del delito”. En septiembre pasado, tildó a uno de ellos de ser “un militar frustrado que en su vejez pretende ser policía, interpretando videos cual comentarista deportivo”, y al otro de “abogado caduco formado en un sistema inquisitivo”. Y los conminó a presentar documentos que establezcan idoneidad de perito.

Cito lo dicho apenas por dos autoridades policiales sobre el tema, pero las voces oficiales negando parte de los hechos y, de yapa, amenazando a quienes demandan investigación veraz y justicia, fueron más y llegaron hasta el presidente Morales. Tanta verborragia para tratar de tapar lo que no se puede ocultar y acallar críticas fue en vano: un nuevo informe del IDIF corroboró el primero y confirmó que la bala que mató a Ana Lorena fue disparada por uno de los dos efectivos que estaban apostados en el edificio
aledaño a Eurochronos.

Ahora cabe preguntar al comandante nacional y al ratificado jefe de la Felcc en Santa Cruz a quiénes hay que enjuiciar por difamar y por hacer apología del delito. Revisando los hechos, es evidente que tocaría ver un efecto bumerán: los acusadores, acusados. No creo que se dé ese extremo. La familia Tórrez Torrico ha dejado en claro que no está tras ningún tipo de venganza, sino apenas de la verdad de los hechos y de que se haga justicia como corresponde.

Sus abogados tampoco parecen estar interesados en procesar a quienes los difamaron, aunque bien podrían hacerlo. Al menos, podrían devolverles a los jefes policiales las ‘gentilezas’ recibidas públicamente. Un extremo neutralizado hoy por las disculpas públicas dadas a conocer por el comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, a la familia de Ana Lorena. Buen gesto, pero insuficiente. Urge que la Policía haga un mea culpa sincero hacia dentro y fuera de la institución. Lo necesita ella y toda la sociedad boliviana, para comenzar a escribir una imprescindible y nueva historia.








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