7º DÍA

Desgaste y división, las fórmulas del Gobierno frente a los conflictos


El oficialismo cedió en contadas oportunidades; en las otras dejó que las demandas se diluyeran en el tiempo. La fractura de organizaciones sindicales es una estrategia

El paro médico es el último conflicto que enfrentó el Gobierno. Hasta el jueves, se contabilizaban 43 días de paro.
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07/01/2018

Cansar al adversario si es que aplica presión. Es como una estrategia que el Gobierno de Evo Morales aplica para la resolución de conflictos en los 12 años de gestión, aunque desmayó en dos que no pudo resistir: el gasolinazo y la octava marcha por el Tipnis, ya que un año después logró dividir a los indígenas de tierras bajas y llevar adelante una consulta con los resultados que le eran convenientes. Los demás —también llamativos— fueron resueltos tras mucho tiempo de protestas y otros quedaron en nada después del desgaste de la manifestación.  

Resistir la presión es la premisa que maneja el oficialismo que, desde que llegó al poder, en 2006, tiene un promedio de 43 conflictos al mes, según datos de la organización Diálogo y Transformación de Conflictos. Claro, la mayoría de carácter regional y son menores los que alcanzan la escala nacional. 

Evo Morales llegó a Palacio Quemado con un respaldo del 57% de los votos luego de que se viviera uno de los momentos más trágicos del país: la denominada guerra del gas. Tenía un buen aparato político, social y sindical que lo acompañaba, pero la paz social no duró ni un mes desde su asunción al poder.  

En Cochabamba, en febrero de 2006, funcionarios del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) iniciaron un paro de actividades afectando los vuelos de la aerolínea, que en ese entonces tenía un capital mixto. El paro duró siete días y luego el Gobierno tuvo que intervenir la firma. Más tarde, la aerolínea quebró y cerró operaciones.  

En enero de 2007, en Cochabamba, hubo un fuerte enfrentamiento que acabó con la muerte de un universitario a manos de campesinos. Era en el fragor de la lucha autonómica.

Y así, Morales empezaba a enfrentar apuros, entre ellos con el sector médico, que desde hace 12 años tiene diferencias con el Gobierno del MAS. En marzo de 2006, los galenos desarrollaron un paro de dos días de actividades en rechazo al aumento salarial del 7% propuesto por el Gobierno y la exigencia de la creación de 7.000 ítems. 

También el sector de los transportistas chocaba con la nueva administración política. Protestaba por las condiciones de los caminos interdepartamentales. 

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, explica que la administración de Morales no acepta la presión en medio de la negociación de demandas. No ve el desgaste como estrategia, pero acepta que la dilatación en la resolución se debe a que el Ejecutivo no cede ante pedidos “sobredimensionados”. 

“Existe la posición de no aceptar mediante la presión. Nunca este Gobierno negoció o dialogó bajo presión porque la fortaleza que tiene Evo Morales es el respaldo  de todas las organizaciones sociales”, considera Siles. 

La teoría del desgaste
Esa postura es rebatida por la oposición. El diputado Wilson Santamaría califica esa acción como “desgaste” y pone como ejemplo el último conflicto con los médicos. Dice que tuvieron que pasar 43 días de paro para que el Gobierno ceda en las demandas del sector de salud.  

“Nosotros, como bancada opositora, mandamos en diciembre del año pasado una ley exigiendo la abrogación del artículo 205 del Código Penal. Ese conflicto se podía haber resuelto antes, pero como siempre el Gobierno lo dilató”, sostiene Santamaría.

Sobre la política en el manejo de conflictos sociales, Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Evo Morales, afirma que el Gobierno tiene una mejor disposición ante dirigentes o sectores con capacidad propositiva y no conflictiva.

“No he visto una movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) o de los  dirigentes movilizados que digan que lo que van a hacer es presionar para que Evo Morales abra un espacio para la reflexión, debate y toma de decisiones de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el país. Lo suyo es únicamente protestar”, remarca. 

En algunos casos, el Gobierno muestra inflexibilidad como arma para resolver conflictos. Un ejemplo es lo sucedido con uno de los primeros problemas con la Confederación Nacional Sindical de Transportistas, que presionó para anular un decreto que obligó a los propietarios de autobuses a emitir facturas y tributar más desde 2006.

El MAS llegó al poder asumiendo varios desafíos: la realización de la Asamblea Constituyente, la recuperación de recursos naturales -compromisos de la agenda de octubre— y, más ampliamente, la reorientación de la economía, la recuperación de la política y la inclusión sin discriminación de las mayorías indígenas en la vida social, económica y política del país. En cuanto a la política, la relación con el Parlamento, los movimientos sociales y los gobiernos departamentales se perfilaban como factor clave. 

Ante esos retos, la polarización política siempre fue un punto en contra en la gestión de Morales. En 2008 se hizo más extrema durante septiembre cuando el conflicto político entre el Consejo Nacional Democrático (Conalde) y los sectores afines al MAS y la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) derivó en una serie de medidas de presión en cuatro regiones del país. En Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, dominados por la oposición, se evidenció la toma de instituciones públicas, 23 en total; cuatro bloqueos, cuatro paros cívicos departamentales y enfrentamientos violentos entre policías y movimientos sociales y cívicos. Según la Fundación Unir, este conflicto alcanzó el grado de violencia máximo cuando se produjeron los hechos luctuosos en el municipio de Porvenir, Pando. Mientras la oposición de estas regiones protestaba, sectores afines al MAS marchaban y hacían explotar dinamitas generando un temor de enfrentamientos entre civiles.

La media luna

El tema que aglutinó a la oposición y cívicos fue la distribución de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Entre julio y diciembre de 2008 se registraron 68 eventos conflictivos, de los cuales cuatro tuvieron repercusión nacional, como el cerco a Santa Cruz, el cerco a Sucre, el paro y bloqueo en el Chaco y el conflicto entre el Conalde y el Gobierno nacional por la distribución del IDH.

Durante este conflicto Alfredo Rada fue ministro de Gobierno. Dice que hubo “planes separatistas” de parte de grupos opositores y ante ese panorama no se podía dialogar cuando había instalados paros cívicos y toma de instituciones. El problema se dilató hasta que murieron 13 personas en Porvenir luego de ejecutar un estado de sitio en el departamento de Pando. También hubo bajas en Santa Cruz en la toma de aeropuertos. 

En 2009 se inició la tensión entre la dirigencia de personas con discapacidad y el Gobierno central por el pago de un bono. También hubo otro conflicto con el sector de salud, que pedía mejorar sus centros. Ambos fueron dilatados y llegaron a diálogos sin acuerdos. 

El analista Carlos Toranzo ve un plan de desgaste de parte del Gobierno en la exigencia de demandas sectoriales. Detalla que en la última década dos conflictos marcaron la debilidad del MAS: el gasolinazo, que se ejecutó en diciembre de 2010; y la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que se desarrolló en noviembre de 2011. En ambos casos, Evo Morales torció el brazo tras sufrir una serie de duras protestas.     

El gasolinazo
Evo justificó la subida de los precios de los combustibles. De inmediato hubo paros y caos en el transporte. Subieron los precios de alimentos y ya se planificaban despidos. Fue Álvaro García Linera, como presidente interino del Estado, quien aprobó mediante decreto el gasolinazo.  
Morales, a su retorno de Venezuela, justificó el aumento de hasta 82% en los precios de los combustibles ya que —dijo— “es obligación de cualquier gobierno evitar la fuga de recursos económicos del país”. 

El transporte se levantó. Bloqueó las principales vías del país y hubo enfrentamientos con la Policía en varias capitales. No pasaron más de cuatro días y Evo anuló el decreto que aumentaba el precio de los combustibles. Ya se escuchaban voces en las calles pidiendo la renuncia de Morales. 

Para Siles este conflicto tuvo respaldo de agentes externos que ayudaron a los protestantes y cree que Morales fue quien logró resolver el problema. “El presidente escucha a los sectores, a todos los sectores y no promete cosas que no pueden cumplir”, remarca el viceministro. 

Antes del gasolinazo, Bolivia había vivido dos conflictos que también marcaron un grado de crisis social. En 2007, durante la aprobación de la nueva Constitución, tres universitarios fallecieron luego de enfrentamientos en La Calancha, cerca de Sucre. Los cívicos de Chuquisaca exigían la capitalía plena y que sea introducida en la Carta Magna. Al final, no se logró. 

En 2008, Potosí se levantó con una serie de demandas. Las organizaciones cívicas se movilizaron primero por un problema de límites con el departamento de Oruro y sumaron luego una decena de exigencias, desde una industria metalúrgica hasta una fábrica de cemento y la estabilización del histórico Cerro Rico.

Tras una semana de huelga de hambre y bloqueo de carreteras, los líderes cívicos potosinos seguían reacios a dialogar en un “territorio neutral” con el Gobierno y las autoridades de Oruro, exigiendo en cambio la presencia del presidente Morales.

El presidente no dialogó y envió a sus ministros para solucionar el conflicto, que en 2015 se reavivó tras el incumplimiento, según los cívicos potosinos, de su pliego petitorio. 

El caso del Tipnis

La VIII Marcha Indígena por la defensa del Tipnis y de los territorios indígenas frente al proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos fue uno de los conflictos que más puntos en contra conllevó el Gobierno. 

Fueron 65 días de marcha. Desde Trinidad hasta La Paz. Y en medio de la caminata —en Chaparina— los indígenas de tierras bajas sufrieron una represión policial. Ninguna autoridad del Gobierno asumió la culpa y apuntaron a la Policía.

Durante la marcha, Morales no llamó al diálogo y dejó prosperar la caminata. Acusó a su exaliado Adolfo Chávez de ser utilizado por la embajada de Estados Unidos en Bolivia y por organizaciones no gubernamentales (ONG). En septiembre de 2011 llegó la columna a la sede de Gobierno en medio de emotivas muestras de apoyo. 

61 días pasaron y no había ninguna respuesta al pedido de diálogo. El sector movilizado exigía la anulación de la Ley 222, que establecía una consulta  en el Tipnis para definir si la carretera atravesaba o no esa reserva. 

Los indígenas de tierras bajas no querían la consulta y la calificaron de extemporánea. Al final y tras días de vigilia en plena plaza Murillo, Morales recibió en Palacio Quemado a los dirigentes y aprobó una ley que prohibía obras en el Tipnis. Ahora, esa norma fue remplazada por otra que avala las construcciones. 

En 2013, trabajadores universitarios, de la salud, municipales, del magisterio rural y urbano, fabriles, policías y gremiales, son algunos de los grupos que se movilizaban por la reforma de las pensiones. 

La COB se volteó y apoyó varias demandas en contra del Gobierno. Los dos conflictos últimos más llamativos fueron con los cooperativistas mineros, que asesinaron al viceministro Rodolfo Illanes; y con el sector de salud, que exigió la abrogación de tres decretos y el artículo 205 del Código Penal, que castiga la mala práctica profesional. 

Los conflictos 

2006.- Conflicto del LAB. Fue el primer conflicto que enfrentó Evo Morales. Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), en ese entonces una empresa con capital mixto, pararon actividades por seis días. Se decidió intervenir la aerolínea, pero luego fue cerrada por números rojos.  

2006.- Conflicto con Salud. A poco de solucionar el problema con el LAB, surgió el primer conflicto con los médicos. Los galenos desarrollaron dos días de paro de actividades en contra del aumento salarial del 7% propuesto por Evo Morales. Además pedían 7.000 nuevos ítems.  

2007.- Muertes en La Calancha. Los enfrentamientos del 24 de noviembre de 2007 dejaron 3 muertos y más de 300 heridos. Los hechos sucedieron en La Calancha, cerca de Sucre. Grupos cívicos de Chuquisaca exigían la capitalía plena mientras se desarrollaba la Asamblea Constituyente. 

2008.- Toma de entes y la creación del Conalde. Puede ser el primer conflicto político que enfrentó Evo Morales. Se creó el Consejo Nacional Democrático (Conalde), que aglutinó a los prefectos de oposición. En esa época se vivió toma de instituciones públicas en Santa Cruz. 

2008 .-Muertes en Porvenir. El 11 de septiembre de 2008 murieron 13 campesinos en el municipio de Porvenir. Unasur concluyó que hubo una masacre planificada por el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien hoy está con arresto domiciliario en La Paz.  

2009.- Primer choque con discapacitados. En marzo de 2009 surge el primer conflicto con las personas con discapacidad. El sector exigía el pago de un bono y no fue atendido de inmediato. El Gobierno justificó que los discapacitados accedieron a un bono con Evo Morales. 

2009.- Demandas potosinas. Las organizaciones cívicas de Potosí se movilizaron primero por un problema de límites con Oruro y sumaron luego una decena de demandas, desde una industria metalúrgica hasta una fábrica de cemento y la estabilización del Cerro Rico. 

2009 .- Protesta por Ley de Aduanas. Fue el último conflicto del año 2009. Comerciantes informales realizaron huelgas de hambre y bloqueos en La Paz en rechazo a la nueva Ley de Aduanas con la que Evo Morales se propuso combatir el contrabando. Fueron varios días de protesta. 

2010.- El gasolinazo. Álvaro García Linera, como presidente interino del Estado, decretó la subida del precio de los principales combustibles hasta un 82%. Tras la ola de protestas que vivió el país y ante las amenazas de más movilizaciones, Evo Morales decidió abrogar la norma. 

2011.- Represión a indígenas. El 15 de agosto de 2011, unos 700 indígenas partieron de Trinidad rumbo a La Paz, encabezados por Adolfo Chávez. El 25 de septiembre, en Chaparina, la Policía intervino la marcha de forma violenta, a golpes y con gases lacrimógenos. Hubo arrestados. 

2012 .- La IX marcha por el Tipnis. Luego de sufrir la represión en 2011, los indígenas de tierras bajas marcharon nuevamente de Trinidad a La Paz. Esta vez exigían la anulación de la Ley 222, que establecía una consulta previa en el Tipnis para la construcción de la vía. 

2013.- Líos por la reforma de pensiones. Trabajadores universitarios, de salud, municipales, del magisterio rural y urbano, fabriles, policías y gremiales, son algunos de los grupos y organizaciones que se movilizaron por la reforma de las pensiones y su incremento. 

2014.- Conflicto en las FFAA. Militares de baja graduación plantearon, a través de un proyecto de ley, la eliminación de sus rangos con la perspectiva de ascender a oficiales técnicos y realizar estudios académicos superiores, al igual que los oficiales. Además pedían la descolonización de las FFAA. 

2016.- 80 días de protesta sin éxito. Fueron 80 días de protesta sin éxito, pero no se fueron rendidos. Las personas con capacidades diferentes exigían mejorar el bono a su sector, algo que el Gobierno desconoció. Hubo intentos de diálogo, pero las partes no pudieron llegar a acuerdos. 

2016.- Matan a viceministro Rodolfo Illanes. Los cooperativistas mineros matan a golpes al viceministro Rodolfo Illanes, quien el 26 de agosto fue a la localidad de Panduro con la intención de lograr el ansiado diálogo entre los mineros y personeros del Gobierno. 

2017 .-Paro médico. Es el último conflicto que enfrentó el Gobierno. Tras 43 días de paro médico, el presidente Evo Morales decidió abrogar el artículo 205 del Código de Sistema Penal, que castigaba la mala práctica profesional. También se pidió modificar otros párrafos. 

FFAA y Conalcam, las fieles

Son los grupos que no se volcaron contra el Gobierno. Uniformados militares de bajo rango pidieron descolonizar las Fuerzas Armadas, pero fueron expulsados. La Policía también se levantó exigiendo mejor trato. 

El presidente dice que gobierna con los movimientos sociales, aglutinados en la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y también elogia la cercanía con las Fuerzas Armadas. En la Conalcam están las organizaciones sindicales que son reconocidas por el Gobierno, aunque hay varios dirigentes que se desmarcaron con críticas al Ejecutivo.  Por su parte, la Policía se enfrentó al Gobierno, caso que no sucedió con las Fuerzas Armadas (FFAA). 

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) reúne a los sectores afines al MAS. Nunca fueron opuestos al oficialismo y alentaron toda política que fue sugerida por Evo Morales o sus allegados. Es el brazo sindical de choque del Gobierno que sale al frente cuando hay conflictos sociales. Lo hizo recientemente con los médicos, a quienes exigió que retornen a sus labores. 

“La Conalcam representa al pueblo, a las fuerzas vivas que en años del neoliberalismo fueron marginadas. Hoy, en este proceso de cambio, las organizaciones son actores principales de la política boliviana y no como antes, que se obedecía instrucciones de Estados Unidos”, relata Segundina Flores, ejecutiva de las bartolinas. 

La Conalcam se creó como respuesta al Consejo Nacional Democrático (Conalde), grupo que aglutinó en 2008 a los prefectos opositores. El único sobreviviente de esa instancia en la política es el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Dejaron el país Manfred Reyes Villa (Cochabamba), Mario Cossío (Tarija) y José Luis Paredes (La Paz). Ernesto Suárez (Beni) es crítico del MAS y Leopoldo Fernández (Pando) está con detención domiciliaria acusado por los hechos de Porvenir. La mayoría de estos opositores  no lograron sobrellevar el proyecto único. 
Mientras, las FFAA también mostraron su lealtad al Gobierno. Nunca se opusieron a algunas medidas y siempre acompañaron la gestión de Evo Morales. El único conflicto con las instancias militares fue con los sargentos y suboficiales, que pedían la descolonización de las Fuerzas Armadas y la reforma de leyes. 

El dilema no fue resuelto y se dio de baja a los militares que protestaron. 

En la Policía pasaron casos similares. Los uniformados de bajo rango se levantaron en tres ocasiones exigiendo mejor trato económico y mayor dotación de equipos y herramientas para su trabajo. El Gobierno cedió en un solo caso, pero en los demás optó por dar de baja a los policías que protestaron contra el Ejecutivo. 

La Central Obrera Boliviana (COB) mantuvo una relación difícil con el Gobierno. En tres casos se distanció, como sucede en este momento al frente de Guido Mitma. 



 




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